El pasado martes 14 de septiembre, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Revocación de Mandato. El ordenamiento tiene como objetivo “regular y garantizar el ejercicio del derecho político de las ciudadanas y los ciudadanos a solicitar, participar, ser consultados y votar respecto a la revocación del mandato de la persona que resultó electa popularmente como titular de la Presidencia de la República, mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible”.[1]
La institución encargada de organizar este proceso será el Instituto Nacional Electoral y una vez realizado, se deberá contar con una participación de al menos el 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores. Además, para hacer efectivo la revocación del mandato a titular de la Presidencia de la República, deberá ser votada por mayoría absoluta. Es decir, la iniciativa de revocación tendrá que ser votada por más de la mitad del electorado.
Esta ley abre un nuevo mecanismo de democracia directa para la ciudadanía. Frente a una perdida generalizada de legitimidad de la democracia representativa, que delega la responsabilidad de la toma de decisiones, la revocación permitirá que la ciudadanía sea la encargada directa de definir si el titular del ejecutivo continua o no en el cargo.
Este ejercicio está contemplado en las legislaciones de varios países. En América Latina, este tipo de instrumentos tomaron relevancia especialmente en Venezuela y Bolivia, aunque en otros países de la región también se ha legislado en mayor o menor medida al respecto.
El sentido de este tipo de ordenamientos es eliminar la brecha entre la toma de decisiones y la voluntad de la ciudadanía. Sin embargo, como cualquier tipo de mecanismo de nueva aparición, es muy poco probable que la ciudadanía ejerza su derecho en la primera ocasión que se organiza. Por lo que una participación menor al 40 por ciento necesario para que se convierta en un ejercicio vinculante será lo esperado.
En México, la instrumentalización de un derecho de este tipo lleva tiempo siendo discutido en el espacio público. El descontento social y la desaprobación generalizada del desempeño de, al menos, las últimas tres gestiones (en especial del gobierno de Enrique Peña Nieto que llegó a una desaprobación del 76 por ciento de la población)[2]intensificó la demanda popular de un mecanismo que permitiera remover del cargo al titular del ejecutivo.
Fue en el marco de ese descontento que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó al poder con el respaldo de no menos de 30 millones de personas. Dos de sus principales fue la de enjuiciar a los expresidentes e instaurar la revocación del mandato. Hoy, al menos la segunda, la promesa de AMLO es una realidad.
En los debates legislativos, de la prensa y en las redes sociales, se ha insistido mucho en la intención del presidente de impulsar y promover este ejercicio. La oposición, que no acaba por tener una agenda propia, repite constantemente que este ejercicio pretende ser una plataforma para que AMLO reafirme el apoyo popular y le permita promover su gobierno.
Sin lugar a duda, en los cálculos presidenciales parece prevalecer un optimismo de su popularidad, que además está basada en distintas encuestas de aprobación y en los resultados nacionales de las elecciones de junio pasado. ¿Se arriesgaría AMLO a perder el ejercicio del poder presidencial? Parece que no. El presidente parece contar con absoluta seguridad que le respalda la mayoría de aquellos 30 millones que lo llevaron al poder.
Para agosto de 2021, el INE contabiliza 91,075,370 en su Lista Nominal, por lo que, de mantenerse inalterada, sería necesaria la participación de 36,430,148 y el voto a favor de la revocación de al menos 18,215,075 de ciudadanos y ciudadanas para que el AMLO pierda su cargo. Un escenario poco probable, dadas las insuficientes cualidades políticas de la oposición y el respaldo que mantiene el presidente entre sus más fieles seguidores.
Un escenario más probable es que se festeje una reafirmación de su legitimidad y que sirva de plataforma para promover el voto a quien elija como sucesor o sucesora presidencial porque, si algo es seguro, es que la voz de AMLO tendrá un peso determinante en 2024.
Puede que la Ley Federal de Revocación del Mandato se haya diseñado como una táctica política desde Palacio Nacional, sin embargo, representa un avance en términos de democracia directa. No debemos olvidar que los espacios que abre el sistema político deben ser ocupados y que deben servir como pretexto para fortalecer e incrementar la organización popular.
[1] Diario Oficial de la Federación. 14 de septiembre de 2021. “DECRETO por el que se expide la Ley Federal de Revocación de Mandato”. https://cutt.ly/qW3rAaA
[2] El Economista. 21 de mayo de 2017. “Mejora aprobación de EPN, pero sigue en mínimos”. https://cutt.ly/OW3iIqj
